Quito, 7 de marzo de 2022
La calidad de combustibles que se producen en las Refinerías de Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi, y los terminales Beaterio y Pascuales operados por EP Petroecuador, cumplen con la Normativa Técnica Ecuatoriana NTE INEN, para ello los productos son analizados previamente en sus laboratorios acreditados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano – SAE bajo la norma 17025 y calificados por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables.
La obtención y mantenimiento de la acreditación bajo la norma 17025 demuestra la competencia técnica y garantiza la validez de los resultados obtenidos en los laboratorios a nivel nacional e internacional, lo que puede ser corroborado por inspectores independientes que se designan para el efecto.
El Gerente General de EP Petroecuador, Ítalo Cedeño, informó que gracias al trabajo que realizan los técnicos en los laboratorios de la empresa se obtienen los análisis físico – químicos de estos hidrocarburos de manera oportuna y continua para que estos tengan las especificaciones adecuadas. “Los combustibles que se distribuyen desde EP Petroecuador cuentan siempre con los certificados de calidad de acuerdo a lo que nos pide cada normativa. A futuro, esperamos contar con inversiones desde el sector privado, que nos permitan mejorar su calidad, bajar los contenidos de azufre en cada combustible y tener especificaciones internacionales Euro V”, indicó.
En el caso de la obtención del Diésel su calidad se ampara en la Normativa INEN 1489, que señala que este combustible debe contar con máximo 450 ppm (partes por millón de azufre) sin embargo el promedio del año 2021 fue de 61 ppm. En el caso de las gasolinas se aplica la Normativa INEN 935, la cual exige máximo 650 ppm para la Extra y Ecopaís (85 octanos), y 450 ppm para la Súper (92 octanos), que en el año 2021 se despacharon con promedios de 235 ppm, 175 ppm y 161 ppm, respectivamente.
Es importante señalar que los combustibles que se producen en el país cumplen con la norma técnica Euro III, aplicada desde 2017, para regular las emisiones de CO2 y disminuir el impacto ambiental.