Por René G. Ortiz*
Monetización, no privatización, es el nombre que el actual gobierno utiliza para calificar el “proceso de transferencia de la operación del campo petrolero Sacha a manos de una compañía petrolera privada internacional”, con capacidad financiera, tecnológica y experiencia calificada”, previo el pago de una prima de entrada en efectivo para manejar “un negocio del marcha”, mediante un contrato de concesión por 20 años de duración.
Los gobiernos de la gran mayoría de naciones petroleras, incluidas las ricas naciones árabes miembros de la OPEP, de la organización de Países Exportadores de Petróleo, tienen unas finanzas publicas altamente dependientes de los ingresos por las exportaciones de petróleo y “un apetito insaciable” para considerarse como los únicos protagonistas del desarrollo social y económico de sus respectivas naciones. La consecuencia de esa caprichosa premisa es que las fluctuaciones - a la baja - de los precios del petróleo de exportación forjan un déficit fiscal. En este contexto, si los gobiernos, con déficit, no tienen fondos ahorrados para suplir déficits presupuestarios anuales y persisten en su capricho para continuar siendo los protagonistas del desarrollo, recurren a deuda pública para financiar ese déficit. Entonces, dichos gobiernos ya no tienen solamente un problema, sino dos y se agrava la situación.
El Gobierno del Ecuador, no es una excepción. En efecto, es una nación con un gran déficit fiscal, una monumental deuda pública, un imponente aparato burocrático, una enorme maquinaria estatista, y una enviciada serie de subsidios generalizados. Todos, los que no son gobierno, consideran que ya es suficiente. Están hastiados, cansados y hartados de la tibieza, benignidad y impavidez con la que manejan estos temas y que intuyen que más impuestos y más deuda pública es la solución. Pero, parafraseando a Winston Churchill, “No se pueden lograr mejores resultados gubernamentales, haciendo lo mismo”.
Como referencia, el suscrito, desde hace 20 años y con un eco inteligente de muchos analistas nacionales y extranjeros, ha impulsado una mayor y mejor participación del sector privado, nacional e internacional, en el desarrollo de la industria petrolera de Ecuador. En este contexto, la factibilidad técnica y financiera, el diseño, la construcción y la operación privada del Oleoducto de Crudos Pesados, OCP, es un buen ejemplo. Las compañías privadas, propietarias del ducto, han invertido un monto considerado como el más grande emprendimiento privado, han generado trabajo y empleo, han transportado más de 20 millones de barriles de crudo nacional y colombiano, han pagado impuestos y en unos tres años más, este patrimonio industrial operativo, seria traspasado a propiedad del Estado. Hay otros buenos ejemplos.
Por las deducciones antes expuestas, como la oportunidad está presente para trasferir la operación de ciertos patrimonios industriales petroleros en manos de Petroecuador y Petroamazonas, a fin de que sean operados por compañías privadas; el gobierno, se ha planteado el objetivo de hacer un mejor y más grande negocio, con sus patrimonios industriales petroleros; y, resolver, por un lado, el tremendo problema deficitario existente y por otro lado, el financiamiento de las necesidades presupuestarias futuras, con más ingresos.
Entonces, lo que se fisgonea sobre el campo petrolero Sacha es que habría sido escogido como un patrimonio industrial para llevar adelante el objetivo de reemplazar las operaciones de la estatal Petroamazonas, liberando al gobierno de la responsabilidad fiscal de atender el financiamiento operacional, para transferir dichas responsabilidades financieras operativas a una compañía privada previa y rigurosamente calificada. La media y las redes sociales describen que el gobierno maneja tres opciones, para la operación del campo Sacha, a saber:
1. Por contrato o de derecho contractual por servicios específicos (se dice que es la opción más fuerte que maneja el Ministerio de Finanzas);
2. Contrato de Participación en la Producción, (conocido universalmente como la mejor relación contractual, gobierno-compañías); y,
3. Alianza Estratégica con Petroamazonas (como socio estratégico y sin definir operador?)
En mi opinión, para el gobierno, un proyecto de monetización del campo petrolero Sacha, se tiene que decidir con el criterio: (a) REVALORIZAR; y no penalizar con la (b) DESVALORIZACION.
Es atractivo el proyecto, si el inversionista valuaría positiva o negativa, el concepto de propiedad.
1.- Servicios específicos, DESVALORIZA el bien, ya que mantiene como operador a Petroamazonas y la propiedad del crudo en el estado. La prima de entrada (“cash upfront”) seria baja ya que no hay propiedad del crudo para la compañía oferente, sino el pago por barril producido; y, excluye de la licitación a las compañías operadoras de probada capacidad financiera, tecnológica y gozan de experiencia internacional;
2.- Participación de la Producción, REVALORIZA el “negocio en marcha”. La compañía es la operadora del campo. La compañía tiene la propiedad de su producción y puede registrar en sus cuentas las reservas equivalentes. Deja intactas a las compañías de servicios petroleros, para realizar sus tradicionales tareas en la industria.
3.- Alianza Estratégica (parece una ficción, un “juego de palabras”), DESVALORIZA el bien ya que aparece la estatal petrolera Petroamazonas, como un socio de la alianza. Esto, desconoce la razón per se, la monetización, que es una “caja fiscal seca”; e, ignora que la Estatal depende de la disponibilidad de la caja Fiscal, para honrar “los cash calls” diarios que demanda una alianza. En esta figura aparece la estatal, con sus malas experiencias, como mal socio y que escoge malos socios para hacer tareas equivocadas como servicios específicos ajenas a sus actividades como empresa operadora. Ejemplo, caso estatal Petroecuador asociada con PDVSA (operadora también), para darse servicios a sí mismo y en el mismo campo Sacha. Una ironia!
En este contexto, parecería que la mejor opción, sería la numero 2. Así, debería manejarse?
*RGOrtiz, ANTES, Presidente de varias empresas industriales, Secretario General de la OPEP, Ministro de Energía y Minas, Fundador y Presidente de la Asociación de la Industria Hidrocarburifera del Ecuador, AIHE. Miembro Directorio del Instituto de las Américas
AHORA, Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, ANDE; Vicepresidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción; Miembro del Directorio de la Cámara de Comercio de Quito; Miembro Comité de Energía de la Cámara de Industrias y Producción.
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