La Cámara de Minería solicita la suspensión de la tasa actual para el sector minero

Quito, 14 de junio de 2025

El jueves 12 de junio por la tarde, la Cámara de Minería del Ecuador (CME) asistió a una reunión organizada por el Viceministerio de Minas y la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), con el fin de tratar las inquietudes del sector respecto a la reciente implementación de la Tasa de Supervisión y Control.

En la reunión, la Cámara expuso argumentos técnicos y económicos que demuestran la inviabilidad de la tasa en su forma actual para un desarrollo minero responsable y sostenible, especialmente durante la etapa de exploración. Las autoridades presentes reconocieron los retos en el control y combate a la minería ilegal, así como la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales del Estado. En este contexto, se subrayó la importancia de establecer un espacio de diálogo técnico para revisar la medida.

Como resultado de esta reunión, se acordó la creación de mesas técnicas que comenzarán la próxima semana, con una duración estimada de un mes, y que incluirán la participación de diversos estamentos del Gobierno y de los diferentes gremios mineros. Este espacio permitirá expresar preocupaciones, compartir propuestas y avanzar hacia un análisis conjunto de la medida.

La Cámara considera el inicio del proceso de diálogo como un paso importante hacia una solución conjunta. No obstante, es crucial señalar que la Tasa de Supervisión y Control sigue vigente, y los plazos para su aplicación continúan. Con el fin de contribuir a un ambiente favorable para la construcción de acuerdos técnicos, la Cámara de Minería del Ecuador ha solicitado formalmente la suspensión temporal de la medida mientras avanzan las mesas de diálogo. Esta suspensión daría una señal positiva de voluntad política y ofrecería un entorno de mayor certeza jurídica y económica durante el desarrollo de este proceso.

La Cámara reitera su disposición a trabajar de manera propositiva y técnica junto al Gobierno Nacional en la búsqueda de mecanismos de fiscalización que sean eficientes, proporcionales y sostenibles. El compromiso del sector formal con el desarrollo del país es firme, pero requiere que las decisiones públicas se construyan con responsabilidad, información técnica y diálogo genuino.